A reforzar el estatuto que protege a la niñez – Editorial

2016/04/26

Darle fuerza al estatuto que regula la atención a la niñez temprana puede impactar positivamente a más de 100,000 niños y niñas de hasta cinco años de edad cuyo cuidado, aprendizaje y desarrollo está a cargo de centros de cuidado, hogares de crianza y otras instituciones.

En ese sentido, la Cámara de Representantes debe atender con seriedad y premura la pieza legislativa que busca transformar y acentuar la fiscalización de los establecimientos para el cuidado de niños, adoptando, entre otros recursos, mecanismos de medición de calidad de los servicios.

La medida, de aprobarse y convertirse en ley por el gobernador, vendría a subrayar la responsabilidad y efectividad del Estado a través de un proceso altamente regulado de licenciamiento y supervisión de los hogares y demás establecimientos que prestan servicios a la niñez puertorriqueña.

La aprobación de la medida –que impulsa la representante Luisa Gándara y cuenta con el aval de la secretaria de la Familia, Idalia Colón Rondón– daría un ascenso cualitativo y de gran sensibilidad a un estatuto que no se revisa ni actualiza desde hace más de seis décadas.

Además de establecer procesos de medición de la calidad de los servicios que prestan esos establecimientos, la actualización de la ley obligaría a los responsables por cada institución u hogar a mantener un personal debidamente adiestrado mediante un programa de educación continua de desarrollo profesional.

Igualmente importante resulta la elaboración del primer currículo para la ejecución de los planes de cuidado de cada establecimiento, que deberá ser aprobado por el Departamento de Educación. Mediante ese currículo se asegurará la implantación de programas dirigidos a identificar las necesidades especiales de cada niño y hacer los referidos de rigor a programas de intervención temprana.

Las enmiendas al estatuto que no se revisa desde 1955 incluyen garantizar el estricto y efectivo cumplimiento de la fase educativa y de desarrollo integral del menor.

La participación activa del Centro de Investigaciones Educativas del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez en el proceso evaluativo conducente a la implantación del nuevo sistema incluye un compromiso de efectividad, específicamente con la garantía a los padres de los niños atendidos en esos establecimientos de que su cuidado y atención están en las mejores manos.

La niñez resulta el sector más vulnerable a los males de la sociedad, y muchas veces es víctima incluso invisible de crímenes como el maltrato físico, emocional y en la forma de privaciones de servicios esenciales, como la alimentación, la higiene, la vestimenta y la educación.

Los niños y niñas pueden ser, además, víctimas inocentes de los entornos de desempleo, embarazo en adolescentes, alto número de madres solteras sin recursos y los puntos de drogas.

La Legislatura y el gobernador tienen en sus manos la oportunidad de transformar el marco legal protector de una población cuyo desarrollo óptimo es esencial para el futuro de nuestro pueblo.

Es vital que las autoridades gubernamentales responsables de licenciar, evaluar y fiscalizar a las instituciones y centros de atención a niños y niñas no permitan que, una vez aprobadas, las enmiendas a la ley se conviertan en letra muerta. Tiene que ser misión de País sacar a 475,000 menores y jóvenes de la pobreza en que viven ahora. Esta legislación bien aplicada puede contribuir a ello.

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